<h2 class="wp-block-heading">UNA PROPUESTA QUE BUSCA RESCATAR UN MODELO DEL PASADO</h2> El economista y director de Lampadia, Pablo Bustamante Pardo, propuso volver a implementar el denominado aporte minero voluntario, un mecanismo que permitió canalizar recursos de empresas mineras hacia proyectos sociales y de infraestructura en zonas donde operaban compañías del sector. La iniciativa fue planteada nuevamente en agosto de 2026, en medio del debate sobre cómo mejorar el impacto de la actividad minera en las comunidades y regiones productoras. Según Bustamante, el antiguo esquema constituyó un pacto extrafiscal entre compañías mineras y el Estado, orientado a financiar proyectos de infraestructura básica y desarrollo social. Entre sus destinos estuvieron iniciativas relacionadas con agua potable, electrificación rural, salud, educación y promoción agraria. La propuesta actual busca recuperar algunos de esos mecanismos y adaptarlos al escenario minero peruano actual. <h2 class="wp-block-heading">EL ANTECEDENTE DEL APORTE VOLUNTARIO</h2> El denominado aporte voluntario fue implementado durante el segundo gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011. A diferencia de los mecanismos fiscales establecidos por ley, se trataba de contribuciones realizadas por empresas mineras dentro de acuerdos orientados a atender necesidades de las poblaciones ubicadas en sus áreas de influencia. La característica que Bustamante destaca especialmente es la forma de gestión de los recursos. De acuerdo con el planteamiento publicado por Lampadia, las compañías participaban directamente en la ejecución de proyectos, coordinando con las poblaciones beneficiarias y las autoridades locales. El objetivo era que las inversiones llegaran a obras concretas con mayor rapidez y seguimiento. <h2 class="wp-block-heading">EFICIENCIA Y CONTROL COMO EJES DE LA PROPUESTA</h2> Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos destinados al desarrollo de las regiones mineras. Bustamante sostiene que el modelo permitió ejecutar proyectos cumpliendo presupuestos y plazos y que, según su evaluación, presentó mejores resultados frente a las dificultades que posteriormente se observaron en la ejecución de recursos públicos. El planteamiento también incorpora una fuerte preocupación por la corrupción. El director de Lampadia sostiene que la experiencia anterior debería servir como referencia para diseñar mecanismos de coordinación y control que permitan asegurar que los recursos destinados a las zonas mineras se conviertan efectivamente en infraestructura y servicios para la población. <h2 class="wp-block-heading">CRÍTICAS AL MANEJO DIRECTO DE FONDOS POR LAS COMUNIDADES</h2> La propuesta surge además como una alternativa frente a la discusión sobre el llamado canon comunal. En declaraciones recogidas por Rumbo Minero, Bustamante cuestionó la posibilidad de entregar directamente recursos a las comunidades para que estas los administren, argumentando que podrían presentarse problemas relacionados con la representación, la continuidad de los dirigentes y la gestión de los fondos. Su posición es que la participación de las comunidades debe mantenerse, pero dentro de un esquema que incorpore controles y mecanismos de coordinación entre empresas, autoridades y población. De esta manera, el planteamiento apunta a evitar que la discusión se limite a quién recibe el dinero y se concentre también en cómo se transforma ese dinero en proyectos verificables. <h2 class="wp-block-heading">UNA NUEVA DISCUSIÓN SOBRE EL CANON MINERO</h2> La iniciativa aparece en un contexto en el que Perú continúa buscando mecanismos para convertir su riqueza minera en mayor desarrollo regional. El propio Lampadia sostiene que el país posee importantes recursos de cobre, oro, plata, zinc y otros minerales, mientras mantiene una amplia cartera de proyectos que podrían incrementar su producción y generar mayores ingresos. El desafío, sin embargo, no se limita a generar recursos. Una parte fundamental de la discusión está relacionada con la capacidad de ejecución de los gobiernos y de las instituciones encargadas de convertir los ingresos provenientes de la minería en carreteras, hospitales, sistemas de agua, escuelas y otras obras necesarias para las poblaciones. <h2 class="wp-block-heading">EL APORTE SOCIAL VOLUNTARIO TODAVÍA EXISTE EN ALGUNAS ZONAS</h2> Aunque Bustamante propone recuperar el modelo como una política más amplia, los mecanismos de aporte social voluntario no han desaparecido completamente del sector minero peruano. En marzo de 2026, el Ministerio de Energía y Minas informó que facilitó un acuerdo entre la Municipalidad Distrital de Coporaque y Minera Las Bambas para renovar un convenio de cooperación correspondiente a los años 2026 y 2027. El acuerdo muestra que la cooperación voluntaria entre empresas y comunidades continúa utilizándose como herramienta de relacionamiento y desarrollo territorial. En el caso de Coporaque, el proceso contó con la participación de autoridades municipales, representantes comunitarios, la empresa minera y funcionarios del Gobierno, quienes participaron en las conversaciones destinadas a alcanzar consensos. <h2 class="wp-block-heading">LA PROPUESTA BUSCA CAMBIAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS</h2> La iniciativa de Lampadia plantea que la experiencia del aporte voluntario podría ser utilizada para revisar la manera en que se administran actualmente los recursos vinculados a la minería. En lugar de concentrar el debate únicamente en la transferencia de dinero, el planteamiento pone el foco en garantizar que las inversiones tengan resultados concretos y puedan ser supervisadas. Bustamante sostiene que los mecanismos de coordinación y control utilizados por el aporte voluntario podrían aplicarse también al manejo de una parte importante de los recursos provenientes del canon. La idea, según su propuesta, sería aprovechar la experiencia previa para construir un sistema que combine participación local, inversión privada y fiscalización. <h2 class="wp-block-heading">UN DEBATE QUE VUELVE A LA AGENDA MINERA</h2> La propuesta abre nuevamente un debate sobre el papel de las empresas mineras en el desarrollo de las regiones donde operan. Para sus impulsores, recuperar un esquema de aportes voluntarios podría ayudar a acelerar proyectos y reducir problemas de ejecución; para que funcione, sin embargo, debería contar con reglas claras, transparencia y mecanismos de control que permitan verificar el destino de los recursos. El planteamiento también pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro de la minería peruana: cómo lograr que el crecimiento de las exportaciones y de las inversiones se traduzca en mejores condiciones de vida para las poblaciones cercanas a los proyectos. La discusión sobre el aporte voluntario, por lo tanto, no se limita a recuperar un mecanismo utilizado años atrás, sino que busca responder a uno de los principales desafíos del sector: convertir la riqueza mineral en desarrollo sostenible y visible para la ciudadanía. <h2 class="wp-block-heading">UNA PROPUESTA EN MEDIO DE CAMBIOS EN EL SECTOR</h2> La iniciativa de Bustamante llega mientras el Perú mantiene distintas herramientas de contribución y regulación minera. Por ejemplo, el país cuenta actualmente con el Aporte por Regulación que financia las actividades de supervisión y fiscalización de Osinergmin en el subsector minero. Para 2026, 2027 y 2028 se establecieron alícuotas específicas sobre la facturación vinculada a las actividades bajo competencia del organismo. Por eso, el eventual regreso de un aporte voluntario no significaría reemplazar automáticamente las obligaciones fiscales o regulatorias existentes. La propuesta apunta a recuperar un instrumento de cooperación adicional, con objetivos sociales y de infraestructura, cuya aplicación requeriría definir quiénes participarían, cómo se controlarían los recursos y qué tipo de proyectos podrían financiarse. En definitiva, el planteamiento de Pablo Bustamante vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que permanece abierta en la minería peruana: cómo distribuir y ejecutar mejor los beneficios generados por la actividad minera. La propuesta de recuperar el aporte voluntario deberá ahora contrastarse con otras alternativas de gestión del canon y de inversión social, en un escenario donde las comunidades, las empresas y el Estado buscan mecanismos más efectivos para transformar los ingresos mineros en desarrollo territorial. Fuente: UG Noticias Mineras.

Pablo Bustamante plantea recuperar un esquema de cooperación minera para financiar infraestructura y mejorar la ejecución de recursos públicos.

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Lampadia reabre el debate minero: proponen recuperar el aporte voluntario para acelerar obras y reducir la corrupción en Perú

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