<p class="wp-block-paragraph">El candidato presidencial peruano y actual congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que distintos medios y sectores políticos revelaran que promovió al menos diez iniciativas legislativas relacionadas con la minería informal e ilegal en el país. Las propuestas incluyen ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), flexibilización de controles y modificaciones regulatorias que fueron cuestionadas por especialistas y organismos vinculados a la lucha contra economías ilegales.</p> <h2 class="wp-block-heading">Las leyes que generaron controversia</h2> <p class="wp-block-paragraph">Según investigaciones periodísticas publicadas recientemente en Perú, Sánchez participó como autor o coautor de diversos proyectos legislativos vinculados a la actividad minera informal. Entre ellos aparece el proyecto de ley 13246, presentado en noviembre de 2025, que propone reconocer y formalizar la denominada “minería con prácticas ancestrales”, iniciativa que actualmente continúa en comisión parlamentaria.</p> <p class="wp-block-paragraph">Otro de los proyectos impulsados por el dirigente peruano es el PL 12273, que plantea desconcentrar concesiones mineras consideradas ociosas para facilitar el acceso a procesos de formalización minera y fomentar empleo en regiones extractivas. Sin embargo, críticos de la iniciativa sostienen que podría debilitar controles estatales sobre actividades ilegales vinculadas a la extracción de minerales.</p> <h2 class="wp-block-heading">El debate por el Reinfo y las llamadas “leyes procrimen”</h2> <p class="wp-block-paragraph">Uno de los puntos más cuestionados fue el respaldo de Sánchez a proyectos que extendieron la vigencia del Reinfo, sistema creado en Perú para intentar formalizar a pequeños mineros y mineros artesanales. El actual candidato presidencial fue coautor del proyecto que derivó en la Ley 32213, aprobada en diciembre de 2024, que amplió el plazo del registro hasta junio de 2025. Posteriormente, también participó en otra iniciativa que terminó convirtiéndose en la Ley 32537, prolongando nuevamente el proceso de formalización hasta diciembre de 2026.</p> <p class="wp-block-paragraph">Diversos especialistas, fiscales ambientales y sectores políticos consideran que estas ampliaciones sucesivas terminaron beneficiando indirectamente a redes de minería ilegal que continúan operando bajo esquemas precarios o fuera de control estatal. Por ese motivo, varias de estas normas comenzaron a ser calificadas públicamente como “leyes procrimen”.</p> <h2 class="wp-block-heading">Acusaciones sobre debilitamiento de controles</h2> <p class="wp-block-paragraph">Otra de las iniciativas más polémicas fue el proyecto 7049, posteriormente convertido en la Ley 31989. La norma derogó disposiciones que permitían a la Policía Nacional intervenir contra mineros ilegales suspendidos del Reinfo que utilizaran explosivos en operaciones clandestinas. Para sectores opositores y organizaciones ambientales, esta modificación representó un retroceso importante en la lucha contra la minería ilegal.</p> <p class="wp-block-paragraph">Además, Sánchez también aparece vinculado a otros proyectos relacionados con concesiones mineras y regulaciones sobre comercialización de oro, algunos aún pendientes de debate parlamentario y otros archivados. Las iniciativas despertaron preocupación en medio del crecimiento de economías ilegales vinculadas a la extracción de minerales en distintas regiones peruanas.</p> <h2 class="wp-block-heading">La defensa del candidato presidencial</h2> <p class="wp-block-paragraph">Desde el entorno político de Roberto Sánchez rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las iniciativas buscaban promover la formalización de pequeños productores mineros y brindar alternativas económicas a miles de trabajadores que dependen de la actividad extractiva en regiones rurales del país. Durante recientes debates técnicos, representantes de Juntos por el Perú negaron haber respaldado leyes consideradas “procrimen”, aunque verificaciones periodísticas contradijeron parcialmente esas afirmaciones.</p> <p class="wp-block-paragraph">El propio Sánchez defendió en distintas oportunidades la necesidad de impulsar políticas que permitan integrar a pequeños mineros al sistema formal, argumentando que la criminalización sin alternativas sociales no resuelve el problema estructural de la minería ilegal en Perú.</p> <h2 class="wp-block-heading">La minería ilegal, uno de los mayores desafíos de Perú</h2> <p class="wp-block-paragraph">La controversia se produce en un contexto especialmente delicado para Perú, donde la minería ilegal se convirtió en una de las principales economías ilícitas del país. Según informes oficiales y organismos internacionales, esta actividad está asociada a delitos como lavado de dinero, trata de personas, contaminación ambiental y explotación laboral.</p> <p class="wp-block-paragraph">Las regiones amazónicas y zonas auríferas del país concentran buena parte de estas actividades ilegales, que generan pérdidas millonarias para el Estado y graves daños ambientales. Por ese motivo, el debate sobre las leyes mineras impulsadas en el Congreso continúa creciendo en plena campaña presidencial peruana.</p> <p class="wp-block-paragraph">Fuente: UG Noticias mineras.</p>

Proyectos legislativos promovidos por el candidato peruano generaron fuertes críticas políticas por favorecer actividades mineras cuestionadas y polém...

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Roberto Sánchez bajo la lupa: impulsó al menos 10 iniciativas vinculadas a la minería informal e ilegal en Perú

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