<p class="wp-block-paragraph">Treinta años de reglamentación quedaron atrás. Mediante un nuevo decreto, el Gobierno nacional sustituyó íntegramente el Anexo del Decreto 2686/93, la norma que desde diciembre de 1993 reglamentaba la Ley de Inversiones Mineras N.º 24.196. Si bien la ley continúa plenamente vigente, el Poder Ejecutivo reescribió por completo las reglas bajo las cuales se administra uno de los principales regímenes de promoción de la minería argentina.</p> <p class="wp-block-paragraph">Lejos de tratarse de una actualización menor, el nuevo texto introduce modificaciones en prácticamente todos los capítulos del régimen: estabilidad fiscal, beneficios impositivos, importaciones, obligaciones administrativas, digitalización de trámites, controles, garantías ambientales y facultades de la Autoridad de Aplicación.</p> <p class="wp-block-paragraph">Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es modernizar un esquema que había quedado desactualizado luego de más de tres décadas, reducir la burocracia y brindar mayor previsibilidad jurídica para incentivar inversiones. Sin embargo, la magnitud de los cambios también abre un nuevo escenario de análisis para empresas, provincias, especialistas y actores vinculados a la actividad.</p> <h2 class="wp-block-heading">Una reglamentación completamente nueva</h2> <p class="wp-block-paragraph">El decreto elimina la reglamentación que acompañó al régimen desde su creación y la reemplaza por un nuevo cuerpo normativo de 32 artículos que redefine prácticamente todos los procedimientos administrativos previstos por la Ley 24.196.</p> <p class="wp-block-paragraph">La nueva reglamentación incorpora criterios que hasta ahora no estaban expresamente previstos, fija plazos para distintas actuaciones administrativas y adapta el régimen al funcionamiento digital de la administración pública.</p> <p class="wp-block-paragraph">Entre las novedades aparece la obligatoriedad del domicilio legal electrónico para todos los beneficiarios inscriptos, la utilización de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) para las presentaciones y un esquema documental mucho más orientado a la gestión electrónica.</p> <p class="wp-block-paragraph">La intención oficial es reducir tiempos administrativos, otorgar mayor trazabilidad a los expedientes y agilizar la relación entre el Estado y las empresas.</p> <h2 class="wp-block-heading">Cambios en la estabilidad fiscal</h2> <p class="wp-block-paragraph">Uno de los capítulos más importantes de la reforma modifica el procedimiento para acceder al beneficio de estabilidad fiscal, considerado uno de los principales incentivos del régimen de inversiones mineras.</p> <p class="wp-block-paragraph">A partir de ahora, las empresas deberán presentar estudios de factibilidad con mayores requisitos técnicos y la Autoridad de Aplicación contará con procedimientos específicos para solicitar correcciones cuando detecte deficiencias en la documentación.</p> <p class="wp-block-paragraph">La reglamentación incorpora, además, plazos concretos para resolver las solicitudes y establece que, una vez cumplidos todos los requisitos técnicos, la autoridad deberá emitir el certificado de estabilidad fiscal dentro de los sesenta días hábiles administrativos.</p> <p class="wp-block-paragraph">El nuevo texto también obliga a informar cualquier modificación relevante que altere la viabilidad técnica, económica, legal u operativa del proyecto originalmente presentado.</p> <h2 class="wp-block-heading">Menos burocracia y mayor digitalización</h2> <p class="wp-block-paragraph">Otra de las características centrales de la reforma es la fuerte digitalización de los procedimientos.</p> <p class="wp-block-paragraph">Las declaraciones juradas deberán presentarse electrónicamente y la reglamentación limita, en distintos trámites, la posibilidad de requerir documentación adicional fuera de los requisitos expresamente previstos.</p> <p class="wp-block-paragraph">También se incorpora un nuevo informe económico-financiero anual con información sobre inversiones, producción, reservas, capacidad instalada y evolución de cada proyecto, aunque algunos datos, como los vinculados con insumos y exportaciones, tendrán carácter optativo.</p> <p class="wp-block-paragraph">El objetivo declarado es simplificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas sin afectar los mecanismos de control.</p> <h2 class="wp-block-heading">Importaciones: mayor flexibilidad para bienes de capital</h2> <p class="wp-block-paragraph">Otro de los cambios relevantes aparece en el régimen de importaciones.</p> <p class="wp-block-paragraph">La nueva reglamentación permite incorporar bienes de capital nuevos, usados o reacondicionados, siempre que estos últimos cuenten con certificaciones técnicas que acrediten su aptitud para la actividad minera.</p> <p class="wp-block-paragraph">También se simplifica la operatoria para trasladar equipos entre distintos proyectos, empresas vinculadas o sociedades controlantes, siempre bajo notificación o autorización de la Autoridad de Aplicación según corresponda.</p> <p class="wp-block-paragraph">A su vez, todo el circuito administrativo se integra con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), buscando agilizar las autorizaciones y mejorar la trazabilidad de las operaciones.</p> <p class="wp-block-paragraph">Para numerosas empresas del sector, estas modificaciones podrían traducirse en menores costos y mayor flexibilidad para administrar activos destinados a la producción minera.</p> <h2 class="wp-block-heading">El cambio ambiental que concentra la atención</h2> <p class="wp-block-paragraph">Uno de los aspectos más sensibles de la reforma aparece en el capítulo ambiental.</p> <p class="wp-block-paragraph">La nueva reglamentación establece que los proyectos alcanzados por el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), previsto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, podrán considerar cumplida mediante ese instrumento la obligación prevista en el artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras para prevenir y subsanar alteraciones ambientales.</p> <p class="wp-block-paragraph">De esta manera, la denominada "previsión especial", prevista históricamente por la reglamentación anterior, deja de constituir el mecanismo principal para buena parte de los emprendimientos.</p> <p class="wp-block-paragraph">No obstante, continuará vigente para aquellos proyectos que no estén alcanzados por la obligación de contratar el Seguro Ambiental Obligatorio o que opten por mantener dicho mecanismo conforme a las condiciones previstas por la reglamentación.</p> <p class="wp-block-paragraph">El Gobierno sostiene expresamente que esta modificación no implica una reducción en la protección ambiental, sino la utilización de una herramienta más eficiente, verificable y transparente para garantizar la disponibilidad de recursos destinados a la recomposición y remediación ambiental.</p> <p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, este será probablemente uno de los puntos que mayor debate genere dentro del sector, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.</p> <h2 class="wp-block-heading">Más facultades para la Secretaría de Minería</h2> <p class="wp-block-paragraph">Otro aspecto que atraviesa toda la nueva reglamentación es el fortalecimiento del rol de la Secretaría de Minería como Autoridad de Aplicación.</p> <p class="wp-block-paragraph">El nuevo texto le otorga amplias facultades para dictar normas complementarias, establecer procedimientos, definir modalidades de presentación, autorizar excepciones, controlar beneficios fiscales, supervisar importaciones y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas por la ley.</p> <p class="wp-block-paragraph">En la práctica, buena parte de la implementación del nuevo régimen dependerá de las resoluciones que ese organismo dicte durante los próximos sesenta días, plazo establecido por el decreto para completar la reglamentación operativa.</p> <h2 class="wp-block-heading">Un cambio que marcará el rumbo de la minería</h2> <p class="wp-block-paragraph">La sustitución completa de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras constituye una de las reformas regulatorias más importantes de los últimos treinta años para el sector.</p> <p class="wp-block-paragraph">Más allá del debate que seguramente despertarán algunos de sus capítulos, especialmente en materia ambiental, el nuevo régimen modifica la forma en que las empresas accederán a los beneficios fiscales, administrarán sus inversiones, realizarán importaciones, presentarán información ante el Estado y gestionarán buena parte de sus obligaciones administrativas.</p> <p class="wp-block-paragraph">Ahora comenzará una segunda etapa. La Secretaría de Minería deberá dictar las normas complementarias que terminarán de definir el alcance práctico de muchas de las disposiciones incorporadas por la nueva reglamentación. Recién entonces podrá medirse con mayor precisión si la reforma logra el objetivo planteado por el Gobierno: convertir un régimen de promoción diseñado hace más de tres décadas en una herramienta capaz de atraer inversiones para la minería del siglo XXI.</p> <p class="wp-block-paragraph">Fuente: UG Noticias Mineras</p>

El decreto reemplaza toda la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, modifica garantías ambientales y digitaliza procedimientos administrativ...

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El Gobierno borró treinta años de reglamentación minera y puso en marcha un nuevo esquema para las inversiones

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