La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile volvió a instalar un debate que en San Juan nunca dejó de estar vigente: ¿cómo es posible que las decisiones estratégicas sobre los grandes proyectos binacionales se discutan entre los gobiernos nacionales cuando los recursos pertenecen constitucionalmente a las provincias? La XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado marcó el regreso formal de un acuerdo firmado en 1997 y que ahora cobra una importancia inédita por el desarrollo del distrito minero Vicuña, integrado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol. El objetivo es facilitar la explotación de yacimientos que atraviesan la frontera y coordinar aspectos vinculados a infraestructura, logística, aduanas, trabajo y tributación. ¿Quiénes participaron de la reunión? La XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera reunió a funcionarios de los gobiernos nacionales de Argentina y Chile, responsables de la aplicación del acuerdo binacional. Por el lado argentino participaron representantes de la Secretaría de Minería de la Nación, la Cancillería Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos nacionales vinculados al funcionamiento del tratado. La delegación chilena estuvo integrada por autoridades del Ministerio de Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Servicio Nacional de Aduanas y otros organismos competentes del Estado chileno. Durante el encuentro también estuvieron presentes representantes del sector privado vinculados a proyectos mineros binacionales, quienes expusieron distintos aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de las inversiones. En cambio, no hubo participación institucional de las provincias argentinas donde se encuentran los principales proyectos alcanzados por el tratado, entre ellas San Juan, pese a que la Constitución Nacional reconoce que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. San Juan concentra las inversiones, pero no conduce las decisiones Hoy resulta difícil encontrar una provincia argentina con un peso minero comparable al de San Juan. Allí se desarrollan algunos de los proyectos de cobre más importantes del mundo y es precisamente ese territorio el que recibirá el impacto económico, social, laboral y ambiental de las decisiones que se adopten bajo el tratado. Sin embargo, la conducción política del acuerdo continúa dependiendo de una comisión integrada por representantes de los gobiernos nacionales de Argentina y Chile. Si bien en las reuniones pueden participar actores vinculados al sector, el ámbito formal de decisión sigue siendo nacional. Una pregunta que merece ser planteada La Constitución Nacional reconoce que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias. Por eso, la reactivación del tratado abre un interrogante legítimo: si San Juan es la propietaria de los recursos minerales y será la principal protagonista del desarrollo de Vicuña, ¿no debería tener una participación institucional mucho más relevante en las decisiones estratégicas que definirán el futuro del proyecto? No se trata de cuestionar la necesidad de un marco binacional. Un emprendimiento de la magnitud de Vicuña requiere necesariamente coordinación entre ambos países. El debate pasa por otro lado: garantizar que las provincias donde se encuentran los yacimientos tengan una voz acorde con la importancia que poseen dentro del desarrollo minero. Un acuerdo necesario, pero con desafíos pendientes El tratado constituye una herramienta fundamental para destrabar inversiones que difícilmente podrían desarrollarse sin reglas comunes entre Argentina y Chile. Permite coordinar infraestructura, tránsito de trabajadores, equipos, servicios y cuestiones regulatorias indispensables para proyectos que se extienden a ambos lados de la cordillera. Sin embargo, casi treinta años después de su firma, el contexto cambió profundamente. Hoy San Juan no es una provincia minera emergente, sino el epicentro del mayor proceso de inversión cuprífera del país. Esa nueva realidad invita a discutir si la arquitectura institucional del tratado también debería evolucionar para reflejar el protagonismo que adquirieron las provincias. El desafío de construir una verdadera integración La integración entre Argentina y Chile representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo de la minería de la cordillera. Pero esa integración será más sólida cuanto mayor sea la participación de quienes conviven diariamente con esos proyectos, generan la infraestructura, forman la mano de obra, desarrollan proveedores y administran los recursos naturales. En el caso de Vicuña, hablar de integración binacional también debería significar fortalecer el rol de San Juan dentro de la mesa donde se toman las decisiones estratégicas. Porque el futuro de uno de los mayores proyectos de cobre del planeta no solo involucra a dos países: involucra, de manera directa, a la provincia donde ese desarrollo se hará realidad. Fuente: UG Noticias Mineras

San Juan concentra los mayores proyectos de cobre, aunque las definiciones continúan tomándose principalmente entre los gobiernos nacionales.

Noticias Nacionales

Reactivan el tratado minero con Chile, pero las provincias siguen sin voz en una decisión que marcará el futuro de la cordillera

Noticias de San Juan

Noticias Sindicales

Columna de Opinión

Noticias Internacionales

Noticias Nacionales

Reactivan el tratado minero con Chile, pero las provincias siguen sin voz en una decisión que marcará el futuro de la cordillera – UG Noticias Mineras